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    Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Fallos Arbitrales extranjeros en el Perú.
    Publicado el :2011-09-05

    El artículo 2102° del Código Civil, pecisa que “ Las sentencias pronunciadas por Tribunales Extranjeros  tiene en la República las fuerza que le conceden los  tratados  respectivos. Si no hay tratado con el país en el que se  pronunció la sentencia, tiene ésta la misma fuerza que en aquél país  se da a las sentencias pronunciadas por los Tribunales  Peruanos.”

    Este artículo, consagra el principio de reciprocidad con los demás países, en cuanto al reconocimiento de las sentencias extranjeras, principio plasmado en el articulo 837 del Código Procesal Civil.

    Por su parte el Artículo 2103° del Código Civil selñala: “Si la Sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los Tribunales Peruanos,  no tiene fuerza alguna en la República. Están comprendidos en la disposición recedente las sentencias que proceden de países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos”.

    Este supuesto alcanza a los países que sin denegar explícitamente eficacia a las sentencia peruanas, revisan el fondo de las mismas. En estos casos es obvio, que el “reconocimiento” supone juzgar nuevamente la controversia, pués es el criterio del Juez Extranjero, el que finalmente se impone en la ejecución de la sentencia.

    En conecuenia, no tendrán fuerza en el Perú los fallos emanados de Tribunales Extranjeros, que revisan el fondo de la sentencia peruana.
     
    Mas adelante el  artículo 2104° del Código Civil precisa que: “Para que las sentencias extranjeras sean Reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 al 2103:

    Inc. 1°: “Que no resuelvan sobre asuntos de competencia Peruana exclusiva”.

    La razón para esa exigencia es clara, pués el Perú reconoce Jurisdicción a los Tribunales Extranjeros sólo en lo que respecta a competencia peruana negativa o facultativa, pero en ejercicio de su poder soberano sobre el territorio de la República reserva a sus Tribunales de manera excluyente, el juzgamiento de las materias que guardan con el Estado una vinculación muy estrecha y que represente en cuestiones de especial interés social, económico o político.

    Inc. 2°. “Que el Tribunal Extranjero haya  sido competente  para resolver le asunto, de acuerdo a sus normas de derecho internacional privado y a los principios generales de competencia procesal internacional.

    Este inciso se refiere a la competencia jurisdiccional desde la perspectiva del derecho extranjero, aún cuando la sentencia foránea resolviera sobre cuestiones de jurisdicción negativa o facultativa, es preciso que el propio derecho del país del cual emane dicha resolución, atribuya competencia a sus tribunales para conocer el asunto.
     
    El precepto tiene por finalidad el resguardo de la delimitación, más o menos precisa, que toda jurisdicción nacional debe tener dentro de la comunidad internacional.

     
    Inc. 3°: “Que se haya citado al demandado conforme a la Ley del lugar del proceso; que se le haya concedido plazo razonable para comparecer y que se la hayan otorgado garantías procesales para defenderse”. 
     
    Del enunciado fluye que, se resguardan los intereses del demandado, al exigir que éste haya sido citado, que    se le haya concedido tiempo razonable para comparecer y que se le hayan otorgado garantías procesales de defensa.

    Inc. 4°: “ Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del lugar del procesado.” 
     
    Este inciso se refiere a la autoridad de cosa juzgada con que debe contar la sentencia. La ejecución de una sentencia sólo procede cuando, la apelación de la misma a una instancia superior, que puede modificarla, es imposible.

    Inc. 5°: “ Que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes, sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que origino la sentencia”.
     
    El quinto inciso consagra la excepción internacional de juicio pendiente. El dilema ocasionado ante dos litis en diferentes países sobre el mismo objeto y entre las mismas personas, puede en principio resolverse a favor del juicio que se inició primero ó a favor del juicio que concluyó primero.

    Se ha optado por otorgar primacía al juicio que se inicio primero, teniendo en cuenta que el juicio concluído debió en principio, suspenderse, por existir instaurado un proceso por la misma acción, entre las mismas personas y sobre el mismo objeto, en el Perú y en recíproca concordancia con el artículo 2066 del Código Civil, que ordena al Juez peruano suspender la causa si hubiera en país extranjero un litigio pendiente iniciado con anterioridad.
     
    Inc. 6°: “ Que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de reconocimiento y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada anteriormente”.

    La incompatibilidad entre dos sentencias debe resolverse a favor de la que dicto primero se dictó aunque no sea ejecutoriada, pues el procedimiento de EXEQUATUR conferirá a esta sentencia extranjera los mismos efectos que tienen las sentencias nacionales, Solo a partir del momento en que el Tribunal Peruano la declarase ejecutoriada debe considerarse que la relación jurídica sobre la cual se resuelve la sentencia extranjera y la sentencia misma como acto jurídico, preexisten a reconocimiento que pueda conferirle el Perú o cualquier otro país.

    Inc. 7°: “ Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres.”

    Las sentencias extranjeras cuyas disposiciones resultan contrarias a lo que la legislación del país de importación conceptúa como “orden público” o “buenas costumbres”, no pueden tener aplicabilidad en el país receptor.

    Gran sector de la doctrina opina que el orden público es el que protege el interés público; dada su naturaleza, es una noción equivalente a concepto de carácter imperativo de la ley. Así mimo es considerado como un principio legal inviolable, que no puede ser alterado por las convenciones, la expresión aparece explícitamente en el artículo 6° del Código Napoleónico, y de allí se ha tomado con la dimensión y el carácter que le concede el derecho privado.

    Con respecto a las Buenas costumbres, se le considera como un criterio informante, cuya interpretación varía en relación al tiempo, espacio y modus vivendi imperante.

    Inc. 8°: “ Que se prueba la reciprocidad”
     
    La  carga de la prueba de la reciprocidad  incumbe al demandante. Si la sentencia procede de un país en el que no se dá cumplimiento a la jurisprudencia peruana, no tendrá fuerza alguna en la República.

    Finalmente es menester conocer el Artículo 2107 del Código Civil que nos ilustra en el sentido que “La solicitud a que se refiere el artículo 2106°, debe ir acompañada de copia de la Sentencia integra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al castellano,así como de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos establecidos en este artículo.”

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