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    Garantizan derecho a la privacidad

    Comunicaciones solo pueden ser abiertas por mandato judicial.

    Limitan además facultades del empleador en e-mails del personal

    Toda persona tiene el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, telecomunicaciones y documentos privados, ratificó el Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el Exp. Nº 4224-2009-PA/TC.

    Para el colegiado, de esa forma, las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados e interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Los documentos privados con violación de este precepto no tendrán efecto legal, en observancia de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona a la intimidad personal y familiar.

    La demanda de amparo fue interpuesta por una trabajadora contra su empleadora al haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. De ahí que ordena su inmediata reposición.

    El tribunal, además, refiere que en el expediente administrativo obran copias de varios correos electrónicos de cuentas personales del servidor hotmail.com que serían de la demandante, y de otra persona del servidor mibanco.com.pe, de los que se sirvió la demandada para despedir a la trabajadora. "Documentos que obviamente no podían servir como medios probatorios ni mucho menos ser difundidos, por su carácter personalísimo y por estar ello protegido por la Constitución", afirma.

    Por ello, aclara que si bien se ha acreditado la vulneración del derecho al trabajo y se ha procedido a la reposición de la demandante, en tanto los correos electrónicos fueron usados como sustento para despedirla, es de suma importancia conocer si los medios informáticos usados por el trabajador para cumplir sus funciones son considerados de dominio absoluto del empleador, más aún si fueron utilizados para remitir correos electrónicos, es decir, como instrumentos de comunicación personal.

    En este contexto, el TC enfatiza que si bien la fuente o soporte de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en que un trabajador labora, ello no significa que ésta puede arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y documentos, pues se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la persona, como si pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse una relación de trabajo.

    En tal sentido, concluye, si bien el empleador goza de las facultades de organizar, fiscalizar y sancionar, de ser el caso, si el trabajador incumple sus obligaciones, esto no quiere decir que se vean limitados los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo establece la Constitución; y tampoco significa que tales atributos puedan anteponerse a las obligaciones de trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse, conforme con la sentencia Nº 1058-2004-PA/TC.

    Investigación de tipo judicial

    En el presente caso, el tribunal considera que si se trata de determinar que el trabajador utilizó el correo electrónico en forma desproporcionada en horas de trabajo para fines distintos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciando una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución, otorgándole las garantías del caso.

    El TC señala que en el expediente no consta autorización alguna de los titulares de las cuentas personales citadas, por lo que se podría configurar un ilícito penal. Por ello, ordena remitir copias de todo lo actuado al Ministerio Público, a fin de que proceda conforme con sus atribuciones.

    Fuente Diario Oficial El Peruano - 08/08/2011


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